Inauguramos esta sección con
Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado 51 de Madrid.
En tiempos de una galopante
implantación del miedo y castigos al “no obediente” instaurado por el Gobierno
PSOE/Unidas Podemos, el sujeto que pretende cumplir su deber empieza a
considerársele héroe.
Pruebas hay de todo tipo.
Llevando a la realidad el triste honor que tienen los dictadores de mostrar su
poder con el principio de “poder realizar sin ningún pudor una injusticia”, los
casos de ceses de personas no afines e insumisas al actual Gobierno se cuentan
por cientos. Dentro de este terror establecido por el nuevo Ejecutivo vamos a
centrarnos en los damnificados en los últimos meses dentro de la esfera
judicial:
Destituidas: doña María Segarra,
fiscal General del Estado durante el juicio del 1 octubre
Doña Carmen Tejera, Abogada del
Estado que apuntaló la malversación en el juicio del 1 octubre
El coronel Sánchez Corbí, jefe de
la UCO
Don Edmundo Val, Abogado del
Estado que se negó a cambiar el delito de rebelión por sedición antes de comenzar el juicio del 1 octubre
Todas estas personas accedieron a
sus puestos de trabajo por ascensos tras conductas ejemplares, como en el caso
del coronel Sánchez Corbí, o mediante oposiciones tan duras y exigentes como
Fiscal y Abogado del Estado.
Aclarado como se las gastan los
integrantes de “la nueva política” con los inobedientes parece algo cercano al
suicidio la actitud de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el “caso Marlaska” en
la que de manera totalmente involuntaria y en el estricto ejercicio del deber
se ha convertido en el foco de la furia y rabia de un Gobierno instalado en un
totalitarismo absoluto, especialmente severo y duro si es mujer la “no
obediente”.
Relato los hechos sin incluir
matices ideológicos; como, por otra parte, no puede ser de otra forma, al
tratarse de la Justicia y su aplicación.
En marzo un particular formula
una denuncia a través de un abogado que por reparto cae en la titular del
Juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Tras su estudio, la magistrada la
acepta a trámite y ordena diligencias que encarga a un comandante de la Guardia
Civil advirtiéndole la Juez que las pesquisas son secretas y que sólo se la
debe de informar a ella de los resultados. Así es siempre; y mucho más en este
caso en donde una de las personas implicadas, el delegado del Gobierno, es una
autoridad con la que trabaja la Guardia Civil.
El capitán informa a su jefe, el
coronel Pérez de los Cobos, que a partir de ese momento tampoco puede recibir
información sobre el caso. Ni puede ni quiere. “No es de mi incumbencia”.
Las pesquisas avanzan y se
empieza a descubrir que uno de los afectados es Manuel Franco, delegado del
Gobierno de la Comunidad de Madrid…PSOE. La semana del 18 al 22 de mayo se
producen algunas filtraciones que incomodan a la magistrada y al ministerio.
Parece que estas filtraciones salen de la Abogacía del Estado.
A media tarde del domingo, 24 de
mayo, el general Berrocal pregunta a Pérez de los Cobos por la investigación ya
que “tenía noticias que la jueza había recibido el atestado” El coronel le
comenta que está totalmente al margen del asunto. Únicamente sabe que la
investigación no ha terminado pero que la jueza ha recibido un avance.
Pasados unos minutos recibe una
segunda llamada del jefe en Mando de Operaciones, teniente general Santa Fé,
quien le hace la misma pregunta recibiendo idéntica respuesta. Pero el general
va algo más allá y le pide le avance algo sobre el contenido del informe. De
los Cobos le explica que no conoce nada sobre el escrito dada la orden expresa
que ha dado la jueza de su estricta confidencialidad.
A las 22.30 el coronel recibe una
tercera llamada, esta vez de la Directora General de la Guardia Civil, María
Gámez. Con cordialidad, ésta le solicita información y recibe la misma
respuesta. La Directora General de la Guardia Civil le traslada a Pérez de los
Cobos el enorme enfado del Ministerio del Interior porque al parecer hay
conclusiones en el informe que son “especialmente sensibles” al Ejecutivo. El
coronel se reafirma en que no solo no conoce el informe, sino que además
estaría cometiendo un delito muy grave al conocerlo y mucho más dar acceso del
mismo a un tercero.
En este momento María Gámez le
comunica que está cesado.
Esta denuncia hecha por un
particular no tendría especial relevancia y no merecería demasiada atención si
no fuera porque es la primera que antecede a más de las 50 denuncias y
querellas presentadas contra el Presidente Sánchez y sus ministros entre los
que destacan como más señalados el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de
Interior, Fernando Grande-Marlaska. Distintas plataformas de afectados señalan
en sus denuncias directamente al Gobierno; y entre toda esta lluvia de
querellas aparece una especialmente “peligrosa”: la formulan 11 abogados en
representación de más de 3.000 familias acusando directamente al Presidente y a
la totalidad de sus ministros por “un número no determinado aún de delitos de
homicidio por imprudencia grave”. El trayecto de esta primera denuncia puede
marcar el rumbo de otras muchas.
De la jueza Carmen
Rodríguez-Medel hay datos que son conocidos: se trata de “una mujer
trabajadora, incansable e infatigable. No se achica ante nada y desde luego si
piensa que tiene que meter la cabeza en una pared no para hasta que la saquen
por el otro lado. Es muy profesional.”
Es, desde luego, independiente
como lo demuestra que fue la que mandó a Cristina Cifuentes (PP) a juicio.
Lo que se le viene encima a la
jueza es previsible: la capacidad mediática destructiva de este Gobierno es ya
conocido por la oposición y por los propios militantes del PSOE. Y las señales
que se envían a los discordantes con este caso
son nítidas y claras.
Del Ministro Grande-Marlaska poco
que decir. Con esta acción está retratado.
Inauguramos esta sección de “EL
PERSONAJE” con esta mujer valiente y decidida.
En una época de medianías y
mediocres ocupando puestos de responsabilidad aparece esta mujer representativa
de persona brillante, íntegra y decente.
Y además: MUJER
Qué tenga suerte…que la va a
necesitar
PD: el 28 de mayo ha sido detenido el concejal de Unidas Podemos en
Becerril de la Sierra (Madrid), Antonio Carreño Hernández de 43 años por
presunto delito de abusos sexuales a una menor. Y van…
Poco foco mediático en este caso y por supuesto silencio cómplice y
doloroso de todo el feminismo desatado desde las redes sociales contra Carmen
Rodríguez-Medel. Por algo cada vez son más las voces que al referirse al grupo
Unidas Podemos prefieren llamarles Unidas Callamos
Carmen Rodríguez-Medel
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