El foco situado en estridencias. Adecentar adecuadamente a los medios afines, organizar de manera conveniente a los esclavos de turno, prestos a obedecer sumisamente las disposiciones de los profesionales del odio y la crispación y cuatro ministros del gobierno agradecidos, bastan para crear un clima de atención lo suficientemente bullicioso como para disfrazar asuntos de trascendencia capital.
El último ejemplo son las declaraciones del ministro de justicia, Juan Carlos Campo, que, con motivo de la prohibición de Pedro Sánchez a Felipe VI para acudir a la entrega de despachos a la promoción de jueces 2.020 en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, se descolgó con una frase de una gravedad extrema: “no era conveniente que acudiera el Rey Felipe VI porque su presencia podía poner en riesgo la convivencia en Barcelona”.
La afirmación del, ni más ni menos, titular de Justicia causa asombro, estupor y sobre todo PREOCUPACIÓN. No solo por el menosprecio a la figura del Rey, sino por la declaración con absoluta transparencia y franqueza de que la razón y la ley dependen de la tensión que se transmita.
Esta alteración de la aplicación de la Ley aplicada a favor o en contra en sentido proporcional a la violencia ejercida por los ciudadanos, abre una vía de intervencionismo de los violentos de una importancia capital.
Les contaré un ejemplo: un grupo de 10/12 niños y niñas alojados en centros de acogida dependientes de la Consejería de Igualdad de Palma de Mallorca fueron sometidos a abusos sexuales continuados, violaciones y todo tipo de prácticas repugnantes por un pelotón de hombres y mujeres. Los “clientes” contaban con la colaboración de los monitores a cargo de los menores. La policía tiene conocimiento de estos hechos al recibir a una niña de 13 años derivada de un hospital; la menor presentaba múltiples golpes que los policías manifiestan en el informe policial textualmente “no haber visto nunca”. La niña da datos: las violaciones se producían en domicilios del barrio de Corea, en Camp Redó y en los alrededores de la Plaza de Madrid. Incluso nombra el bar en donde las niñas eran introducidas en los baños y los hombres y mujeres hacían cola para probar “la mercancía” de uno en uno, de dos en dos o de manera grupal.
El Gobierno Socialista de Baleares y el Consell de Mallorca, presididos por Francina Armengol y Catalina Claders consiguió una votación favorable a la propuesta de ¡¡no abrir comisión de investigación!!.
Se entiende, entonces, que estas niñas al no contar con el apoyo de los esclavos y esclavas de turno prestos a manifestarse y quemar comisarías, no tienen amparo jurídico. ¿Me está diciendo el señor Juan Carlos Campo que los miembros de “la manada” de Pamplona son más culpables que los depravados violadores de estas menores porque éstas no contaron con el apoyo mediático que si tuvo la pobre chica de Pamplona?
El mensaje de que “la calle” dicta sentencia es con total certeza lo más grave que ha mostrado este gobierno.
Ahora se entiende la razón por la que el vicepresidente exige más de 45 policías y guardias civiles que protejan su casa. Él, con la complicidad de Pedro Sánchez, sabe que el día que algo no le guste o no le venga bien, encargará a los violentos que vayan a las casas de los señalados a “hacer justicia”.
Viene a bien recordar una frase que no estaría mal presidiera la fachada del actual ministerio de justicia manejado por tipos tan estropeados como Juan Carlos Campo:
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” Francisco de Quevedo
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